redpo

INFORMACIÓN | DEFENSA PÚBLICA

AUTORIDADES
  • Abg. Ciro Ramón Araujo, Defensor Público General de la República Bolivariana de Venezuela
  • Abg. Norbella Fonte, Directora del Despacho del Defensor Público General
  • Lic. Ingrid Molina, Directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública
  • Abg. Fray Guerrero, Director Nacional de Consultoría Jurídica
  • Abg. Gabriel Cedeño, Director Nacional de Actuación Procesal
  • Lcda. Soriyul Alvarado, Directora Nacional de Asuntos Internacionales
  • Dra. Lourdes Suárez Anderson, Directora Nacional de Vigilancia y Disciplina
  • Antrop. José de Jesús Bolívar, Director Nacional de Apoyo Técnico Pericial
  • Econ. Arturo Rojas Briceño, Director Nacional de Planificación y Desarrollo Organizacional
  • Lcdo. Rafael Gil, Director Nacional de Recursos Humanos
  • Lcdo. Jorge Vera Peña, Director de Nacional de Administración
  • Lcda. Mariana Díaz, Directora Nacional de Servicios
  • Lcdo. William Torres Martínez, Director Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
  • Ing. Carlos Bagnoli, Director Nacional de Tecnología de la Información 
HISTORIA

Defensa Pública de Presos:

La Defensa Pública fue concebida, desde sus inicios, bajo la figura de "Defensa Pública de Presos" establecida en el Código de Enjuiciamiento Criminal del 30 de junio de 1915 hasta el 16 de junio del año 2000 cuando comienza a depender del Consejo de la Judicatura según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estaba orientada a la prestación del servicio a las personas privadas o no de libertad que requerían asistencia jurídica penal.

La denominación "Defensa Pública" fue establecida en el Código Orgánico Procesal Penal que entró en vigencia el 1° de julio de 1999, cuyos artículos 134 y siguientes regularon la institución defensoril como un derecho del imputado y un deber del Estado de proveerlo en caso de que aquel carezca de defensor del confianza, desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración. De acuerdo con ese Código, el nombramiento del defensor no estaba sujeto a formalidad alguna, sin embargo, debía aceptar el cargo prestar juramento ante el juez.

Posteriormente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del 30 de diciembre de 1999, en la norma contenida en el artículo 253, constitucionalizó a la Defensa Pública como órgano integrante del sistema de justicia, con autonomía, organización y funcionamiento propio, otorgada por el artículo 268, estableciendo su creación en su Disposición Transitoria Cuarta, numeral 5, segundo párrafo, mediante una Ley Orgánica de la Defensa Pública, encomendando, a su vez, a la "Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial", el desarrollo y operatividad efectiva del órgano, hasta tanto entrara en vigencia dicha Ley.

En atención a ese mandato Constitucional, la referida Comisión, mediante Resolución Nº 1.191, dictada el 16 de junio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.024, del 29 de agosto de 2000, organizó la Defensa Pública creando el "Sistema Autónomo de la Defensa Pública" como un órgano adscrito a esa Comisión, asignándole el cometido constitucional de garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la tutela judicial efectiva a todo ciudadano o ciudadana, bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, responsabilidad, equidad y oportunidad.

El 15 de agosto del año 2000, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.014, la Resolución Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena. En ese instrumento se concibió a la Defensa Pública como una unidad autónoma adscrita a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia bajo la administración de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), dejándose sin efecto la Resolución Nº 1.191, antes mencionada, que la hacía depender de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

Es así, que en el año 2007 fue publicada la Ley Orgánica de la Defensa Pública con el objeto de regular la naturaleza y organización, autonomía funcional y administrativa de la Defensa Pública. Esta normativa, en el artículo 3, adscribió a la Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo, órgano integrante de un Poder Público distinto al Poder Judicial y que no forma parte del Sistema de Justicia, sino al Poder Moral o Ciudadano, quedando entonces la Defensa Pública fuera del Sistema de Justicia, contraviniéndose así, el mandato constitucional.

En virtud de ello, en el mismo mes de la entrada en vigencia de la Ley, un grupo de funcionarios de la Defensa Pública interpuso por ante la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, un Recurso de Nulidad por razones de Inconstitucionalidad contra el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública del año 2007, referido al órgano de adscripción de la misma. La Sala Constitucional suspendió de manera cautelar los efectos de la norma impugnada, y el 28 de febrero de 2008, declaró la inconstitucionalidad del Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública del año 2007, así como la de otras normas que guardaban relación con ella.
En virtud de esa declaratoria de inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de la Defensa Pública, publicando su texto íntegro en el año 2008. En dicha reforma, se sustrajo a la Defensa Pública del Poder Judicial y se le atribuyó en el artículo 3, el carácter de "órgano constitucional del Sistema de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible...", todo en desarrollo del precepto constitucional consagrado en el artículo 268 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplimiento de la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 5, ejusdem.

DEFENSA PÚBLICA

La Defensa Pública es un órgano constitucional autónomo del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental, garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Nuestro servicio es gratuito y sin exclusión. Las acciones se fundamentan en principios de justicia, honestidad, decoro, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, disciplina, responsabilidad y obligatoriedad según las disposiciones legales vigentes y con preeminencia de los Derechos Humanos.

 

AUTONOMÍA

La Defensa Pública se proyecta como un órgano constitucional autónomo, sin ningún tipo de subordinación a otro órgano del Estado y que tiene el sagrado deber de garantizar los derechos a la Defensa, Debido Proceso y Acceso a la Justicia de las personas que requieran este servicio.
La designación del Defensor Público General o la Defensora Pública General es mediante elección de la Asamblea Nacional

 

MATERIAS DE COMPETENCIA

1. AGRARIA Y PESQUERA:

La Defensa Pública con competencia en materia Agraria y Pesquera orienta, asiste y asesora de manera gratuita, a todos los trabajadores del campo y de la pesca que soliciten sus servicios, incorporados en la actividad agrícola, pecuaria y/o avícola. Es competencia de las Defensoras y los Defensores Públicos Agrarios solicitar inspecciones, avalúos e informes de campo, estudios aerotécnicos y cualquier otra diligencia y/o práctica que sirvan de apoyo en la búsqueda de la solución del problema planteado por el usuario del servicio.

Según lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, las atribuciones de las Defensoras y los Defensores Públicos en esta materia son las siguientes:

  • Orientar y asesorar en la materia de sus competencia
  • Garantizar el derecho a la defensa de los destinatarios y destinatarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las leyes especiales referidas a la materia para proteger a quine solicite expresamente la asesoría legal, o cualquier otra actividad de apoyo jurídico.
  • Asesorar y atender a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en todo lo referente a la materia agraria y afines con ésta.
  • Asistir en los procedimientos administrativos o extrajudiciales a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
  • Asistir a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ante los órganos administrativos y extrajudiciales, para la solución de conflictos a través de medios alternativos.
  • Practicar inspecciones de campo y de la agronomía en los sitios requeridos, y levantar las actas correspondientes, con apoyo de profesionales calificados en la materia agrónoma, cuando la complejidad del caso lo requiera.
  • Impulsar la capacitación de los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y materias afines, a través de charlas, talleres, seminarios y foros, en pro del desarrollo rural sostenible, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia agraria, con apoyo de profesionales calificados en la materia.
  • Mantener el seguimiento y control de todos los expedientes asignados.
  • Emitir opinión sobre las denuncias realizadas por los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y someterlo a la consideración del órgano competente.
  • Solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campos, estudios agrotécnicos y cualquier otra práctica de diligencia, que sirvan de apoyo para la sustanciación del expediente administrativo, previo asesoramiento de profesionales calificados en la materia afín, cuando el caso lo requiera.
  • Asesorar a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, relativo a las cooperativas que se crearen o estuviesen creadas destinadas a la actividad agraria y materia afín.

 

2. INDÍGENA

La Defensa Pública con competencia en materia Indígena presta sus servicios a toda persona descendiente de los pueblos originarios que habita en el espacio geográfico que corresponde al territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela y que mantiene la identidad cultural, social y económica de su pueblo o comunidad, se reconoce a sí misma como tal y es reconocida por su pueblo y comunidad, aunque adopte elementos de otras culturas. (Artículo 3 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas).

Las Defensoras y los Defensores Públicos Indígenas, asesoran, orientan, asisten y representan jurídicamente a los indígenas, garantizando el acceso pleno de los pueblos y comunidades aborígenes a la jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos que involucren individual o colectivamente a los indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas y específicas. Cabe destacar que las Defensoras y los Defensores Públicos deben tener amplios conocimientos sobre la cultura y derechos de los pueblos y comunidades indígenas además de ser hablantes del idioma originario del cual provienen.

En el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública establece que las atribuciones de las Defensoras y los Defensores Públicos son:

  • Asesorar, asistir y representar jurídicamente a los o las indígenas ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Estado, pudiendo ejercerlas con apoyo de cualquier otro Defensor Público o Defensora Pública que por su competencia lo amerite.
  • Garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos que involucren individual o colectivamente a los indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas y específicas.
  • Aplicar los sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos de tales pueblos, con respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres.
  • Velar por el acceso colectivo indígena al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios.
  • Velar por el respeto y enriquecimiento de todos los elementos que configuren la cultura e identidad indígena y combatir cualquier forma de discriminación.
  • Lo previsto en esta Ley no menoscaba el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas, tanto en sus instancias, su sistema oral, sus costumbres y tradiciones.
  • Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

3. CIVIL Y ESPECIAL INQUILINARIA Y PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Según lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
"Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan una hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. (...) El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas"

La Defensa Pública cuenta con Defensoras y Defensores Públicos en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda para cumplir el objetivo fundamental de defender a todos los ciudadanos y ciudadanas de los actos y acciones que puedan afectar sus derechos como arrendatarios o para el acceso a la vivienda.

Las atribuciones definidas para esta competencia son:

  • Orientar y asesorar en materia Inquilinaria y sobre asuntos del derecho a la vivienda.
  • Ejercer la defensa de los usuarios del servicio ante los Tribunales de Municipio, primera Instancia y Superiores, así como ante los órganos administrativos en materia de su competencia.
  • Ejercer la Acción de Amparo Constitucional Autónoma y Recursos de nulidad ante el órgano jurisdiccional competente, en defensa de los usuarios que vean afectados sus derechos a la vivienda.
  • Promover las pruebas que sean necesarias para la mejor defensa de los intereses de los afectados.
  • Anunciar el Recurso de Apelación o Casación de ser procedente, pudiendo formalizar solamente el primero de ellos.
  • Levantar casos y estadísticas de las personas usuarias de este servicio a los fines de canalizar sus necesidades de vivienda ante los organismos competentes

 

4. INTEGRAL

La Ley Orgánica de la Defensa Pública en su artículo 90 contempla estas defensorías públicas con la finalidad de prestar asesoría integral en todas las materias con la finalidad de que se asista a la población en la creación, registro y funcionamiento de cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y cualquier otra forma de organización popular. Se trata de fomentar la democracia participativa como mecanismo de empoderamiento social y político en los asuntos públicos, haciendo que personas, comunidades y grupos sociales se conviertan en verdaderos actores de su propio desarrollo; integrar a la población en los procesos de administración de justicia; apoyar los procesos de gestión y cogestión social que atiendan a grupos en situación especial, como son los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las familias en situación de pobreza.

La prestación de este servicio contribuye a lograr importantes cambios sociales, por cuanto estimulará en las comunidades el aprendizaje sobre los procedimientos legales necesarios para acceder a las fuentes de recursos financieros, asistencia técnica y acompañamiento permanente en iniciativas de gestión y cogestión u otro tipos de asociación comunitaria, que vayan en beneficio de la colectividad, así como la inculcación de valores fundamentales que permitan ir formando al nuevo ciudadano con principios de ética y respeto por los derechos humanos y ambientales.

Entre las atribuciones de la Defensoras Públicas y los Defensores Públicos Integrales destacan:

  • Elevar la cultura jurídica del pueblo.
  • Apoyar la justicia de paz.
  • Asesorar a los ciudadanos y ciudadanas en la solución del conflicto y en las acciones legales para garantizar el goce y ejercicio efectivo de los derechos e intereses legítimos.
  • Contribuir a la participación de las personas en los programas sociales.
  • Promover e impulsar la participación de los ciudadanos o ciudadanos en la administración de justicia.
  • Orientar y referir a las personas a la Defensora Pública o al Defensor Público competente, según el caso planteado.

 

5. LABORAL

La competencia en materia laboral está comprendida por aquellas normativas jurídicas que incluyen los derechos y deberes tanto de patronos como de trabajadores. En estas leyes está contemplado el régimen de prestaciones, vacaciones, bono vacacional, utilidades, entre otros, acumulados durante un período de tiempo y que el patrono está en la obligación de pagarle al trabajador según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.

La Defensa Pública con la competencia en materia laboral asesora, asiste y representa a aquellas trabajadoras y trabajadores cuyos derechos han sido vulnerados por el patrono bien sea por despido injustificado o por desmejora; en esos casos, los trabajadores podrán solicitar a la Defensa Pública la asistencia en la instancia administrativa, (la Inspectoría del Trabajo), o en la instancia jurisdiccional (los Tribunales Laborales). Se presta asesoría jurídica gratuita en materia de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales; el trabajador que sufra algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional debe dirigirse al órgano competente (El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales: INPSASEL), quien, mediante un informe pericial y una certificación, calcula los montos de indemnización que deben ser resarcidos al trabajador por el accidente sufrido en el cumplimiento de sus funciones. Se brinda asesoría a los gremios sindicales acerca de la interpretación de las normas jurídicas y sus cláusulas.

Las atribuciones de las Defensoras y Defensores Públicos establecidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública son:

  • Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • Asistir, asesorar o representar a los trabajadores o trabajadoras, previo requerimiento expreso.
  • Asistir o asesorar en las consultas que le propongan los trabajadores o trabajadoras, así como las organizaciones sindicales.
  • Asesorar en relación a la legislación del trabajo en los reglamentos, decretos y demás disposiciones que se dicten sobre esa materia, y en la interpretación de los reglamentos internos de las empresas y de los contratos individuales y colectivos. Asesorar en relación a la legislación del trabajo en los reglamentos, decretos y demás disposiciones que se dicten sobre esa materia, y en la interpretación de los reglamentos internos de las empresas y de los contratos individuales y colectivos.
  • Promover la defensa y vigilancia de los derechos e intereses legítimos, en materia de derecho del trabajo, seguridad social y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
  • No podrán convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos, sólo podrán actuar mediante asistencia de las partes.

La competencia en materia Laboral se crea mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial del día 12 de abril del 2011 donde se les atribuyen a las Defensoras y Defensores Públicos plenas competencias para actuar en las fases: administrativa y jurisdiccional.


6. PENAL ORDINARIO

Toda persona mayor de edad que está en condición de imputado, querellado, acusado o penado ante las instancias jurisdiccionales tiene el derecho de ser asistida por una Defensora o Defensor Público en cualquier estado y grado del proceso. Ya sea a solicitud voluntaria del defendido o a solicitud del juez que lleva la causa. En cualquier circunstancia, la defensora o defensor público puede intervenir desde el acto de imputación, cubriendo las fases sucesivas, hasta finalizar el proceso de sentencia definitivamente firme y ejecución de pena, o atendiendo solo alguna de las fases en que se encuentra el proceso. Todas las personas que hayan sido señalados como autoras o partícipes en un hecho que la Ley Penal contempla como delito tienen derecho a la asesoría por parte de la Defensa Pública.

Las Defensoras Públicas o Defensores Públicos en materia Penal Ordinario tienen como función:

  • Asistir a la defendida o al defendido, bien sea en las sedes de la Defensa Pública para quien se encuentre en libertad, o en los diferentes centros de reclusión para quien se encuentre privado de ella.
  • Representar a la defendida o al defendido ante el Ministerio Público y los Tribunales con competencia Penal Ordinario.
  • Brindar atención e información a los familiares y amigos de la defendida o el defendido bien sea que se encuentre en calidad de imputado, acusado o penado.
  • Velar por el cumplimiento de los Derechos y Garantías de las defendidas y los defendidos durante el proceso penal.

Algunos Derechos y Garantías Constitucionales de toda persona en materia Penal:

  • Ser asistida o asistido desde los inicios de la investigación por una abogada o abogado y tener acceso a las pruebas.
  • Comunicarse con sus familiares y solicitar una Defensora Pública o un Defensor Público.
  • Guardar silencio no declarando si no desea declarar y manifestar que sólo declarará ante el Juez.
  • No declarar contra sí mismo y no confesarse culpable.
  • Ser informado de qué se le acusa y de las razones que motiven su detención.
  • No ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad.
  • No ser objeto de métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento.
  • Que se le practique un reconocimiento médico, en caso de ser necesario.

FASE DE EJECUCIÓN

Es el área especializada en materia de ejecución de sentencia, orientada a defender a las personas mayores de 18 años de edad, ante los Tribunales y organismos del Sistema Penitenciario, cuando pesa sobre ellas una sentencia condenatoria definitivamente firme, garantizándole sus derechos y su dignidad humana, así como la aplicación preferente de penas no privativas de libertad (Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

En estos casos corresponde a las Defensoras Públicas o Defensores Públicos:

  • Asesorar y asistir a todas aquellas personas que requieran nuestros servicios.
  • Representar a las personas penadas ante el Ministerio Público, los Tribunales y los órganos del Sistema Penitenciario.
  • Asistir a las personas penadas en las sedes de la Defensa Pública para quien se encuentre en libertad, o en los diferentes centros de reclusión en caso de estar privados de ella.
  • Brindar atención e información a los familiares y amigos de las personas penadas.
  • Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías de todas aquellas personas que se encuentran cumpliendo una pena.
  • Recibir y tramitar ante los órganos competentes las quejas de los privados de libertad.
  • Cumplir las guardias asignadas ante los centros penitenciarios.

Derechos y Garantías Constitucionales de las personas penadas:

  • Recibir asistencia de una abogada o abogado de confianza, o en su defecto de una Defensora Pública o Defensor Público.
  • Conocer con exactitud la fecha en que finalizará su condena.
  • Conocer con exactitud las fechas a partir de las cuales le nace el derecho a disfrutar de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, tales como destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, suspensión condicional de la ejecución de la pena y confinamiento.
  • Desempeñar alguna actividad laboral o educativa con el objeto de obtener reducción de la pena. Derecho a "queja" de acuerdo a las reglas mínimas para tratamiento al recluso y la Ley de Régimen Penitenciario, entre otros.
  • No ser sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

 

7. PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La función esencial de los Defensores Públicos asignados a esta competencia, se fundamenta en: asistir, asesorar o representar ante la Sala de Protección o Corte de Apelaciones al Niño, Niña o Adolescente, en todos aquellos aspectos señalados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), así como en brindar asesorías y asistencias extrajudiciales.

En materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se presta el servicio si presenta alguna de estas situaciones o requerimientos:

  • Cuando la obligación de manutención (alimento, útiles escolares, vestido, medicinas, etc.) no es cumplida por el padre, la madre u otro responsable.
  • Problemas con el régimen de convivencia familiar.
  • Cuando entre los padres separados no exista acuerdo respecto a cuál de los dos vivirá con el niño, niña y/o adolescente.
  • Cuando su hija o hijo no tiene acta de nacimiento o cédula de identidad, o tiene errores en ellas.
  • Autorización para viajar y/o para tramitar pasaporte.
  • Problemas para ingresar a su hija o hijo a una institución educativa.
  • Cuando su hija o hijo no ha sido reconocido por su padre.
  • Cuando necesite realizar el trámite de colocación familiar, es decir familia sustituta.
  • Casos de violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En cualquiera de estos casos, las Defensoras Públicas y Defensores Públicos tienen la obligación de orientar, asistir, asesorar, representar y defender los derechos de todo Niño, Niña y Adolescente venezolano o extranjero que así lo requiera. Estos servicios pueden ser solicitados por los mismos Niños, Niñas y Adolescentes, por sus familiares o por cualquier otra ciudadana o ciudadano que tenga interés directo o indirecto.

 

8. RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE

Aquellas personas comprendidas entre los 12 y 17 años de edad, a quienes se siga un proceso judicial tipificado dentro de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tienen el derecho de ser asistidas por un Defensor Público, cuyo proceso de defensa es muy similar al que desarrollan aquellos asignados en la materia Penal Ordinario.

El Adolescente y la Ley Penal

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce derechos y garantías al mismo tiempo que establece deberes y responsabilidades, especialmente para las y los adolescentes. En tal sentido, éstos pudieran cometer hechos punibles y en consecuencia la Jueza o Juez pudiera sancionarlos con la privación de libertad hasta por 5 años.

En materia de Responsabilidad Penal del Adolescente pueden solicitar orientación, asistencia, asesoría o representación legal de una Defensora Pública o Defensor Público, todas las personas con 12 años y menos de 18 años de edad, a quienes el Ministerio Público (Fiscalía) o los Tribunales les señale como presuntos autores o partícipes de hechos punibles según la Ley. Así también, aquellos mayores de 18 años de edad a quienes se le señale de haber cometido el hecho punible, mientras estuvieran comprendidos entre las edades antes mencionadas.

Servicios ofrecidos por la Defensa Pública en materia Penal Adolescente

El adolescente que se encuentra en libertad durante la investigación, deberá realizar la solicitud ante el Fiscal que dirige la misma.

Si se encuentra privado de libertad en un órgano policial y es trasladado al Tribunal especializado, deberá manifestarle a la Jueza o al Juez, que se le asigne una Defensora Pública o Defensor Público para que realice el trámite correspondiente.

Si el proceso ya está en curso y en los actos que preceden fue asistido por una Defensora privada o Defensor privado, podrá en cualquier estado de la causa solicitar ante el Tribunal que se realice el trámite para revocar la Defensora privada o Defensor privado, y en su lugar le sea designado una Defensora Pública o Defensor Público.

 

9. DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Violencia contra la Mujer, se refiere a todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado, previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
La Defensa Pública atiende a todo hombre mayor de edad que haya sido señalado como autor o partícipe en un hecho que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo contemple como delito.

Los delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son: La Violencia Psicológica, Acoso u Hostigamiento, Amenaza, Violencia Física, Violencia Sexual, Acto Carnal con victima especialmente Vulnerable (inferior de trece años, relación de superioridad o parentesco, discapacidad física o mental, entre otros), Actos Lascivos, Prostitución Forzada, Esclavitud Sexual, Acoso Sexual, Violencia Laboral, Violencia Patrimonial y Económica, Violencia Obstétrica, Esterilización Forzada, Ofensa pública por razones de género, Violencia Institucional, Tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescente, Trata de mujeres, niñas y Adolescente.

Las Defensoras y Defensores Públicos en esta materia les corresponde orientar, asistir, asesorar o representar ante las autoridades competentes, los intereses y derechos jurídicos de sus defendidos o defendidas, a cuyo efecto deben hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan, interponer los recursos legales respectivos, y realizar cualquier otro trámite o gestión que sea procedente y que resulte en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la defensa.

 

LISTADO DE DEFENSORES PÚBLICOS

Para ver el listado presione AQUI

 

UBICACIÓN

Sede Principal: Esquina de Jesuitas a Tienda Honda. Bulevar Panteón, Parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela.

Área Metropolitana de Caracas: Palacio de Justicia, Esquina de Cruz Verde, Mezzanina, Caracas.

 

CONTACTOS

Sede Principal: 0212 505.18.12 / 0212 505.18.35 al 42

Área Metropolitana de Caracas: 0212 508.16.20 / 0212 508.16.21

Twitter: @DefensaPublicaV / @cirodefensor

 

ENLACES DE INTERÉS

 

DOCUMENTOS

 

ACCESO A LA JUSTICIA

 

ArgentinaBoliviaBrasilChileColombiaEcuadorGuyanaParaguayPerúSurinamUruguayVenezuela